Notas principales

México tiene un sistema de impartición de justicia verdaderamente inoperante, en el que cualquier persona que sea objeto de un proceso judicial (independientemente de la sentencia que reciba) resulta tremendamente afectado.

Recién ayer la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) falló a favor de liberar a doce personas que estaban detenidas desde hace más de cuatro años, las cuales fueron encarceladas a partir de las acciones de resistencia que emprendieron en San Salvador Atenco (estado de México), cuando el entonces gobierno federal, encabezado por Vicente Fox, todavía tenía la intención de construir ahí un enorme aeropuerto, el cual habría de ser la mega obra de infraestructura de su sexenio.

A pesar de lo que digan los funcionarios públicos sobre la validez de las instituciones "democráticas", la verdad es que México es realmente un estado fallido.

Hoy, el asesinato de Rodolfo Torre Cantú, candidato priísta al gobierno de Tamaulipas, se convirtió en una confirmación más de esta realidad, con la cual los mexicanos nos tenemos que enfrentar todos los días. Por eso no ha existido una reacción airada por parte de la sociedad tamaulipeca (ni la del resto del país): porque ya hemos perdido la capacidad de indignación y asombro ante este tipo de hechos, porque para cualquier mexicano medianamente atento a lo que ocurre en su entorno la violencia no es ninguna novedad.

Las leyes no siempre son justas; con mucho menos frecuencia son morales. En el mundo actual, en las "democracias" avanzadas de occidente, legislar es un mero ejercicio de conveniencia electorera, uno donde rara vez se refleja la voluntad de los representados a través de sus representantes en las cámaras, sino donde los partidos políticos manipulan a los votantes para obtener más sufragios.

Cada vez leo o escucho los discursos del presidente, me da la impresión de que han sido sacados del archivo, retocados para empatar más o menos bien con la ocasión y usados para que el titular del Ejecutivo haga uso del tiempo que le es cedido en cada ceremonia, acto, reunión, etc., a los que asiste.

Las palabras son más o menos las mismas, el tono más o menos el mismo y su credibilidad... bueno, esa sí que va en picada.

La semana pasada fue decisiva para el gobierno federal y su partido. En ella se definieron muchas cosas, cosas mayores. Por una parte, el establecimiento de alianzas entre la derecha y la izquierda, con las cuales el panismo rompe los posibles pactos políticos que podrían haber llevado a sacar adelante las reformas estructurales pendientes y el blanquiazul define que su objetivo real es evitar que el PRI recupere el poder. Por otra, la renuncia del secretario de Gobernación, Gómez Mont, a su partido de toda la vida, el cual es la primera muestra pública y clara del debilitamiento del instituto político en el poder.

Según algunos recuentos no oficiales llevados a cabo por diversos medios informativos, el pasado mes de enero ha sido el más violento desde que Felipe Calderón y su gobierno se lanzaron en una guerra contra la delincuencia organizada.

Este día, la prensa estatal y nacional ha dado cuenta de un nuevo atentado sufrido por María Santos Gorrostieta, presidenta municipal de Tiquicheo, quien fue hospitalizada luego de ser baleada cuando regresaba de una ceremonia pública.

No es la primera vez que Santos Gorrostieta es blanco de una agresión de este tipo. Apenas hace tres meses, ella y su esposo fueron atacados por un grupo de delincuentes fuertemente armados. De aquel embate salió herida; él, en cambio, perdió la vida.

Los recientes operativos relámpago llevados a cabo por infantes de Marina en Nuevo León y Morelos (el último de ellos realizado apenas ayer, en el que perdieron la vida seis delincuentes entre quienes se encontraba el llamado "jefe de jefes" del cártel de los Beltrán Leyva) nos lleva a pensar que Calderón ha perdido su fe ciega en el Ejército y considera a los marinos más dignos de confianza para llevar a cabo operaciones que requieren máximo sigilo y eficacia.